La Dirección General de Aduanas (DGA), en su rol de actor civil, ha presentado junto a la Procuraduría General de la República un total de 76 casos por tráfico de armas, logrando hasta la fecha ocho sentencias condenatorias, mientras los demás procesos continúan en curso.
La sentencia más reciente se dictó el pasado miércoles 5 de marzo contra Aquiles Rafael Díaz Peña y Visael González Francisco, a quienes los tribunales de Puerto Plata impusieron una pena de 10 años de prisión tras demostrarse su culpabilidad en el delito de tráfico internacional de armas. Los condenados fueron encontrados responsables de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley 168-21 de Aduanas y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
Las pruebas presentadas ante los tribunales confirmaron que ambos formaban parte de una red de tráfico internacional de armas que operaba desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana. En la investigación participaron el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) y otros organismos de inteligencia del Estado. El caso se originó a raíz de un hallazgo en el muelle de Puerto Plata, donde se interceptó un contenedor consignado a la compañía Edi Cargo Express, procedente del estado de Georgia, Estados Unidos.
Estas sentencias y los procesos judiciales en curso reflejan el firme compromiso de la DGA con la seguridad nacional. Más allá de la incautación de armas, municiones y pertrechos militares que intentan ser introducidos ilegalmente al país, la institución trabaja activamente en la recopilación de pruebas y en el seguimiento de los casos judiciales. Su labor es fundamental para garantizar que quienes atentan contra la paz en el territorio dominicano o forman parte de redes criminales transnacionales sean juzgados y castigados conforme a lo que establece la ley. La gestión de Yayo Sanz Lovaton merece la felicitación por sus pasos acertados que hemos mencionado.
