El Poder Ejecutivo amplió el alcance del régimen de contrataciones por seguridad nacional al autorizar a seis instituciones públicas a realizar adquisiciones sin los procedimientos tradicionales de licitación. La medida, formalizada mediante los decretos 186-25 y 205-25, emitidos en abril de 2025, permite al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), la Dirección General de Pasaportes, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Migración y la Procuraduría General de la República realizar compras bajo criterios de confidencialidad.
El régimen de seguridad nacional exime a estas entidades de la Ley de Compras y Contrataciones en ciertos casos, una excepción que genera inquietudes sobre los niveles de transparencia y control. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Gobierno establecer mecanismos de supervisión paralela para evitar abusos. La decisión también reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y rendición de cuentas en la administración pública.
