Ministerio Público, el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) anunciaron ayer la puesta en marcha de un plan de capacitación tendente a fortalecer las competencias técnicas y sociales de las personas privadas de libertad.
El plan, que busca brindar a los reclusos oportunidades educativas e ingreso en el mercado laboral, se desarrollará como parte de un acuerdo de cooperación interinstitucional firmado por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; el director de Infotep, Rafael Santos Badía; y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Las instituciones se comprometieron a poner en marcha un plan de formación y capacitación renovado y ampliado, mediante el traslado de aulas y talleres móviles ensamblables, debidamente equipados, a los recintos penitenciarios.
REINSERCIÓN SOCIAL
La magistrada Germán Brito destacó la trascendencia del acuerdo en beneficio de la efectiva reinserción social de la población penitenciaria del país.
Indicó que, con los programas de capacitación técnica, que se refuerzan y amplían mediante este acuerdo interinstitucional, las personas privadas de libertad “van a salir con la facilidad de conseguir un medio de vida, conseguir un trabajo honesto y que no sucumban ante la tentación de reincidir”.
Para Castaños Guzmán, la ejecución de este convenio representa una gran oportunidad de aporte al desarrollo y a la paz social. “No creo que haya habido precedente. Qué bueno que les estamos dando la oportunidad a aquellos que se hayan separado de la sociedad, por la razón que sea, de que se puedan reinsertar sobre la base del trabajo”, comentó.
Mientras que el director Santos indicó que se trabajará mediante un esquema, en el que una parte de los beneficios monetarios “se les guarde en una cuenta para cuando el privado de libertad recupere su libertad y otra parte se le entregue a su familia y una pequeña parte para mejorar sus condiciones mientras está interno”.
El convenio, que tendrá una vigencia de dos años, es de alcance nacional. Las capacitaciones serán impartidas a los internos que se encuentren en los recintos para adultos y en los Centros de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal del país.
En la primera etapa, serán incluidas las cárceles de La Victoria, Nayajo Mujeres y Hombres, Monte Plata, Rafey Hombres, Azua, y Samaná. Posteriormente, las instituciones establecerán los demás centros.
