La Cámara de Cuentas, tras culminar la auditoría de Punta Catalina, recomendó al Ministerio Público realizar una investigación de los «hallazgos que evidencian responsabilidad de los funcionarios auditados por su acción u omisión».
El órgano fiscalizador, en el informe final de la auditoría financiera realizada al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), determinó que el costo total de la obra ascendió a RD$148 millones.
La auditoría también señala la existencia de informaciones no validadas por un monto de RD$21,100 millones (unos US$442 millones).
El análisis abarcó desde los inicios del proyecto en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, e incluyó pagos al consorcio Odebrecht, adquisición de terrenos, seguros, suministros, costos financieros y otros compromisos asociados a la construcción.
En su resolución, el Pleno de la Cámara de Cuentas otorgó al ente auditado un plazo de 25 días para remitir un plan de acción correctivo a la Contraloría General de la República y a la propia Cámara, conforme a lo que establece la Ley 10-04. Además, dispuso notificar el informe a la Presidencia de la República, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a otros organismos de control, con el propósito de que se determinen posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
La auditoría, aprobada el 26 de agosto de 2025, refuerza los cuestionamientos históricos sobre los sobrecostos y la transparencia en la construcción de Punta Catalina, uno de los proyectos de infraestructura más costosos de la República Dominicana.
