El procurador adjunto Wilson Camacho alertó al tribunal que conoce los casos Coral y Coral 5G que algunas defensas incidentan el proceso para dilatar su curso jurídico como una estrategia con la que luego persiguen el cese de la prisión preventiva que cumplen los imputados por corrupción administrativa.
“El Ministerio Público se ha mantenido vigilante, atento y dispuesto a colaborar con el proceso para que las defensas tengan acceso a todas las evidencias que hemos depositado en el caso Coral y Coral 5G”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho se expresó en esos términos luego de que los abogados de los imputados solicitaran el aplazamiento de la audiencia para conocer la fusión de esos casos, a fin de tener más tiempo para estudiar el voluminoso expediente.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud de las defensas y aplazó para el 28 de octubre la audiencia para conocer sobre la fusión de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G planteada por el Ministerio Público.
Camacho destacó que los fiscales se mantienen abiertos a que las defensas y los imputados conozcan las pruebas que acompañan el expediente.
“Hay algo que hay que tener claro en este proceso: hay nueve personas que están privadas de libertad, y seis de esas nueve personas, han manifestado al tribunal no tener ningún inconveniente con el acceso a las pruebas, es un tema que el Ministerio Público ha garantizado desde el primer día”, dijo a miembros de la prensa de la fuente judicial cuando le respondía preguntas sobre este proceso por corrupción administrativa.
Manifestó que “lo que sí nosotros le hemos advertido al tribunal es que estos planteamientos de las defensas, en muchos casos procuran dilatar el proceso, pretendiendo utilizarlos cuando avance el tiempo para querer luego que estas cuestiones surtan efecto a su favor con relación al cese de la prisión preventiva”.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
