El presidente Luis Abinader, en la alocución del pasado miércoles, reafirmó su compromiso con una justicia independiente para combatir la corrupción administrativa, así como fortalecer la transparencia institucional.
En este sentido, anunció una serie de medidas, dentro de las cuáles se encuentra el “Plan Integral de Reformas Institucionales”, con el cual el mandatario aseguró que fortalecerá la independencia del Ministerio Público, impulsando una reforma constitucional en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.
Asimismo, dijo que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo, además de poner en marcha mecanismos que blinden “el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.
Dentro de las leyes que propuso Abinader están una modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.
La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.
“Les anuncio la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno”, anunció.
De igual forma, la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.
El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.
