Desde que el Congreso Nacional convirtió el pasado jueves en ley el proyecto que propone reformar el Código Penal utilizado en el sistema judicial del país, diversos sectores de la sociedad han manifestado posiciones encontradas sobre la evolución que esta decisión podría significar.
A pesar de que se han registrado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en algunas tipificaciones y otros aspectos, el tema principal continúa siendo la interrupción del feto en las “tres causales”. Esto, debido a que representantes de la población consideran que lo aprobado por los legisladores aún no despenaliza el aborto cuando se realiza para proteger a la madre o el feto.
Sin embargo, el futuro de la modernización del marco penal dominicano pasa ahora a las manos del presidente Luis Abinader, quien deberá determinar en un plazo de 10 días, luego de haberla recibido, si promulgará u observará la pieza enviada por los congresistas.
Pro causales
El primer mandatario ha fijado desde diciembre de 2020 su posición al respecto, indicando que, aunque están en desacuerdo con el aborto libre, respalda la obstrucción médica de un embarazo cuando este sea producto de un incesto o violación sexual. Al igual que en los casos que el bienestar de la madre o el feto estén en peligro.
Meses después, en abril de 2021, Abinader aseguró que el Gobierno estaba trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para regular la implementación del referendo, permitiendo así que sean los ciudadanos quienes voten a favor o en contra de las tres causales.
«Yo estoy a favor, pero es una decisión que implica muchos temas, no solo de salud, también religiosos», dijo el presidente dominicano en una entrevista este lunes en Madrid con la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas.
Asimismo, en 2023, el gobernante reiteró durante una entrevista con el Grupo de Comunicaciones Corripio que “con el tema de las tres causales del aborto, estoy de acuerdo, pero no con el aborto libre, como lo hemos dicho en otras ocasiones”.
Familia presidencial
Abinader no es el único dentro de la casa presidencial en respaldar esta visión. Su hija menor, Adriana Margarita Abinader Arbaje, participó en mayo de 2021 en la manifestación “Marcha por la Vida de las Niñas y Mujeres” que se dirigió hasta el Palacio Nacional para abogar por las tres causales.
Recientemente, la opinión pública reveló la existencia de una carta firmada por la esposa de Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, junto a sus hijas y alrededor de 1,000 personas, con el objetivo de rechazar la ley aprobada por los legisladores.
Sin imposición
Pero, el jefe del Estado ha comunicado en dos ocasiones que no impondrá su decisión ante los más de 170 dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) situados en una curul de los órganos legislativos.
«La situación sobre las tres causales, mi opinión personal la conoce todo el país, porque ya yo la he hablado. Esto implica temas religiosos, el cual, en un partido como el PRM, yo tampoco puedo imponerle esa posición«, dijo Abinader en marzo de 2021, según evidencian publicaciones periodísticas.
El Gobernante reafirmó el 30 de agosto de 2023 que no interferiría con el Poder Legislativo: “Yo he sido respetuoso del Congreso y el Congreso se dividió de todos los partidos y han tomado esa decisión”, expresó.
¿Promulgar u observar?
Son estas declaraciones del presidente Abinader las que han motivado la siguiente pregunta en los medios de comunicación y las redes sociales: ¿Promulgará el presidente Luis Abinader un nuevo Código Penal que no contenga las tres causales?
Mientras tanto, el presidente del PRM y el Gobierno se mantiene sin pronunciarse sobre este tema, después de que los legisladores logran un consenso para favorecer el proyecto de reforma.
El artículo 101 de la Constitución, establece que la Presidencia de la República solo tendrá 10 días para promulgarla luego de ser recibida en la Consultoría Jurídica, ya que no fue declarada de urgencia. En el caso de que un proyecto fuese aprobado por los representantes utilizando el procedimiento antes mencionado, el gobernante tendría únicamente cinco días.
El Senado no utilizó un mecanismo fuera de lo común para favorecer la ley, debido a que solo debía conocer en una única lectura las modificaciones realizadas por la cámara baja. Por lo que el mandatario Luis Abinader tendrá 10 días.
Para garantizar que ninguna ley aprobada por los congresistas quede pendiente de promulgación, la Carta Magna especifica en el mismo artículo que, si el Poder Ejecutivo no observa ni promulga la ley en los plazos dictados, “las leyes sancionadas se reputarán (considerarán) promulgadas y el presidente de la cámara que las haya remitido las publicará”.
No obstante, el Gobierno también dispone de la prerrogativa para modificar, a través de una observación, el apartado del conjunto de leyes que considere.
“Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida”, versa el artículo 102 de la norma suprema.
En la misiva, la Presidencia deberá indicar los artículos que serían reformulados, acompañados de sus motivaciones.
Despenalización del aborto
El artículo 111 de la ley contiene un eximente que elimina la responsabilidad penal del personal de la salud especializado cuando “para salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”. Pero, parte de la población considera que esto no es suficiente.
De ser promulgada por el Poder Ejecutivo, la ley permitiría también una adición superior a las 70 tipificaciones y agrava diversas sanciones. Dentro de estas se encuentra la acumulación de penas y otras clasificaciones, como es el caso de sicariato, genocidio; infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad; desaparición forzada de personas; feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicidio; inducción al suicidio, cooperación al suicidio; daños con sustancias químicas (ácido del diablo), entre otras.
